lunes, febrero 04, 2008

LIBERADO EL JOVEN CHILENO PROCESADO EN BARCELONA Y QUE PERMANECIA PRESO


Foto de Elizabeth Maldonado

LIBERARON A RODRIGO LANZA EL JOVEN CHILENO QUE AÚN PERMANECÍA PRIVADO DE SU LIBERTAD

Rodrigo Lanza Huidobro, joven chileno quien todavía permanecía privado injustamente de su libertad y uno principales inculpados en la causa del 4F, fue liberado el viernes por la tarde en medio de un profundo silencio institucional. Ni los medios de comunicación ni su familia fueron puestos en conocimiento de la liberación de Rodrigo Lanza.

El joven chileno liberado el día viernes a última hora llamó desde una cabina a su madre para anunciarle la noticia. “No lo podíamos creer”, explica Mariana Huidobro, su madre. “Él me decía ‘estoy en la calle, estoy en la calle’, y yo no entendía nada; le contesté: ‘¿pero cómo en la calle?’ no sabía que pasaba”, relató la madre de Rodrigo a Tribuna Latina.

Huidobro todavía no sale de la sorpresa que le ocasionó la noticia, así como el resto de los familiares. Rodrigo sólo se ha dedicado el fin de semana a estar en casa y descansar con ellos. La única salida que ha hecho fue ayer, para reencontrarse con Juan Pintos y Alex Cisternas, dos de los acusados en el mismo juicio, y charlar un rato.

De cualquier manera, Lanza debe presentarse este lunes ante los juzgados con su pasaporte, que le será confiscado hasta tanto no haya sentencia del Tribunal Supremo, porque su abogado ya ha recurrido el dictamen de la semana pasada.

De ahora en adelante, el joven chileno deberá presentarse a comparecer ante la justicia cada dos semanas, porque está en libertad condicional hasta que haya un fallo definitivo en el caso.

Cabe recordar que el Colegio de Abogados de Barcelona y la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, instituciones entre otras, que oficiaron de observadores en el juicio celebrado recientemente en Barcelona, en su informe señalaban que los jóvenes sudamericanos estaban acusado en una causa que los observadores de distintos organismos de derechos humanos coincidían ayer en tachar de plagada “de irregularidades producidas antes, durante y después de los hechos que se imputan”.

Después de la presencia de varios de estos vehedores en el juicio y ante distintas denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad españolas con ciudadanos argentinos, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), María José Lubertino, intentaba ayer acordar con las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona “mecanismos más ágiles de intervención en casos de conflictos” con ciudadanos de eses país. Lubertino permanecerá en España para ser testigo de la sentencia que el tribunal dará a Juan Pintos. "Esperamos poder escuchar el desprocesamiento de Pintos Garrido por parte del Tribunal español porque en el expediente no hay ninguna prueba que lo implique como el autor material del golpe que sufrió el guardia de ese país", dijo la titular del INADI.

La Guardia Urbana, el Ayuntamiento y la justicia, responsables
Iñaki Rivera Beiras y Roberto Bergalli, Director y Presidente respectivamente del Observatori del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, fueron requeridos a participar como observadores en la causas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires, una institución que goza en Argentina de elevado renombre en la defensa de estos derechos. Ambos presentaron ayer sus conclusiones junto a las de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas del Colegio de Abogados de Barcelona.

Para empezar, Bergalli y Beiras cargan la responsabilidad de las irregularidades cometidas en el accionar de “la Guardia Urbana de Barcelona, del Ayuntamiento, de la Fiscalía, del Juzgado de Instrucción Nº18 y de la Sala 8ª de la Audiencia, la que ha puesto en riesgo de invalidez la sentencia que vaya a dictar”.

“Son demasiados los aspectos que le ponen en seria tela de juicio”
“En resumidas cuentas”, según ambos abogados, “desde el punto de vista del cumplimiento de lo que se denomina un debido proceso, en aras a satisfacer una estricta (y no mera) legalidad, son demasiados los aspectos y elementos que le ponen en seria tela de juicio”. Entre ellos, citan la “constante denegación” de presentación de numerosas pruebas que podrían haber arrojado mucha más luz sobre aspectos que hoy quedan en la duda. Bergalli y Beiras creen que ésto es “especialmente grave” porque la pre-selección de las pruebas determina “la práctica que llevará al conocimiento de la verdad y así también se pre-determina una Sentencia”.

Los observadores pusieron como ejemplo de lo anterior que no se haya considerado como prueba en la fase de instrucción el informe del entonces Alcalde de Barcelona, Joan Clos, que hablaba de la maceta que habría caído desde arriba y herido gravemente al Urbano lesionado. Además, detallaron entre los puntos negros de la causa el hecho de que las declaraciones “de todos los Policías implicados fue casi exacta a su versión dada ante la Juez de Instrucción hace casi dos años”.

Entre las contradicciones en las que han incurrido los Urbanos que han declarado ante el Tribunal, los abogados apuntaron también que “el único Policía que dice haber visto toda la trayectoria de la piedra que supuestamente tiró Rodrigo Lanza indica puntos discordantes con la versión de sus otros dos compañeros (los tres únicos testigos y prueba de la acusación)” y agregan que “hasta los Mossos d'Esquadra confirmaron que nadie investigó nada más allá de la declaración de estos tres agentes”. También apuntaron como irregular la falta de reconocimiento de los peritos sobre el Urbano herido.

"Los testigos se comunicaron entre ellos"
En cuanto a cómo se celebró el juicio, Bergalli y Beiras señalaron que va contra la ley el hecho de que los testigos hablen entre sí, pero que los Urbanos que participaron en el juicio como testigos de cargo se comunicaron entre ellos y que incluso llegaron a aplaudir ante alguna de las desiciones del Tribunal. Ambos denunciaron el trato que los miembros de la Guardia Urbana (que estaban entre el público vestidos de paisano) tuvieron con los amigos, familiares, autoridades consulares y abogados presentes en el proceso, “llegando a insultar a los que reconocían como extranjeros con absoluta impunidad”, agrediendolos y empujándolos.

Bergalli señaló como interesante destacar el papel que el Ayuntamiento ha jugado en los hechos, y lo consideró responsable de no haber impedido que la casa de Sant Pere Més Baix “fuera un foco de disturbios, como finalmente lo fue”. También señaló al Ayuntamiento por la violencia con la que se llevaron a cabo las detenciones y lo responsabilizó por la suerte del policía herido.

Por otra parte, según los abogados “la escenificación de una batalla” entre okupas y Policía, le otorga al proceso un transfondo “que no hace justicia a los principios de estricta responsabilidad individual” que debe cumplirse según la ley y señalaron como “gravísimas” las acusaciones por malos tratos que pesan sobre algunos de los policías que detuvieron a los inculpados. La tortura “invalida el proceso seguido”, dijeron. Estas denuncias, pendientes de recurso, no fueron admitidas cuando se presentaron ante la justicia, pero sí han sido recogidas en el último informe sobre torturas de Aministía Internacional, Sal en la herida, que recoge expresamente estos episodios. “Deberán ser investigadas en profundidad, no sólo por la brutalidad que la mismas puedan reflejar, sino también por la evidente conexión que existe con los hechos”, señalaron Bergalli y Beiras en su informe.

Jaume Sens, quien actuó como observador por parte del Colegio de Abogados de Barcelona, apuntó que en el proceso se ha fallado a la presunción de inocencia de todo detenido. Según el Tribunal, los inculpados no podían permanecer en libertad en espera de juicio por “carencia de domicilio fiable”, ya que, “pertenecen al movimiento okupa”. La Comisión del Colegio de Abogados cree que el Tribunal ha supuesto la pertenencia de los acusados al colectivo social en base a prejuicios, cosa que no justifica una resolución judicial. Sens citó también como impropio el no haber investigado las dos versiones que se manejaban en el juicio, sino solamente la de la Fiscalía.

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